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Fiscalidad de Bitcoin en Latinoamérica

Impuestos a las Critomonedas en México, Ecuador y Chile

Con ciertas similitudes de lo que ocurre en España, en Latinoamérica el Bitcoin y las demás criptomonedas tienen un tratamiento fiscal de momento incierto, pero fuertemente vinculado al Impuesto sobre la Renta.

MÉXICO
A principios de marzo de 2018 se promulgó en México la Ley Para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, también conocida como Ley Fintech, con el objeto de dar certeza jurídica a usuarios de servicios financieros en plataformas digitales. Esta normativa aborda a las criptomonedas como activos virtuales, con uso como medio de pago, y no como activos intangibles o ganancias de capital. El caso es que la legislación no aplica una regulación específica para el uso de criptomonedas, pero que al tener un efecto de incremento patrimonial, está sujeta al pago de impuesto sobre la renta. La tasa del ISR aplicable a personas físicas es progresiva y puede llegar hasta el 35%, para las sociedades la tasa es fija del 30%.
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) registra todas las transacciones, informes y movimientos de las cuentas bancarias de los ciudadanos mexicanos.
Dentro de las obligaciones que debe seguir el contribuyente está el darse de alta en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), así como llevar contabilidad y presentar declaraciones.
Si bien es cierto que la Ley Fintech no aborda aspectos fiscales, sí que ha abierto el camino en México hacia una regulación específica en la materia fiscal de las criptomonedas.

ECUADOR
El 23 de julio de 2014 el parlamento ecuatoriano aprobó el Código Orgánico Monetario y Financiero. Esta ley prohibió el bitcoin y todas las demás criptomonedas, en favor del establecimiento de una moneda virtual estatal. Una prohibición con ciertos matices.

El Banco Central de Ecuador considera que el bitcoin «no es una moneda de curso legal y no está autorizada como un medio de pago de bienes y servicios en el Ecuador, conforme lo establece el artículo 94 del Código Orgánico Monetario y Financiero», pero en el país no es ilegal la posesión y adquisición de criptomonedas, siempre y cuando no se realice a través de algún negocio establecido legalmente en Ecuador. Es decir, que cualquier ciudadano ecuatoriano puede invertir, realizar operaciones de trading, e incluso pagar por servicios fuera de Ecuador, mientras la transacción no la haga ninguna entidad situada en el país.

Dentro del sistema ecuatoriano de impuestos, así como el contable y de facturación, no integran de forma alguna las operaciones con criptomonedas. Al no considerarse al bitcoin como una divisa, no está sujeta al pago del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD). Y, mientras el estatus de las criptomonedas continúe siendo como hasta ahora, su tenencia no parece verse afectada por Impuestos sobre la Renta. Aunque tampoco permite ninguna empresa establecida en Ecuador la posibilidad de ofrecer servicios basados en criptomonedas, ni vender o traspasar valor a través de este tipo de activos.

CHILE
El vacío legal respecto a la fiscalidad de criptomonedas también afecta a Chile. En el país sudamericano no existe regulación alguna sobre la compraventa o tenencia de estos activos y, por lo tanto, tampoco acerca de su gravamen fiscal específico.

No obstante, las operaciones con criptomonedas pueden verse afectadas de cargas fiscales si el resultado de las mismas es una ganancia o pérdida patrimonial derivada de la diferencia entre el precio de adquisición y venta. Sí la plusvalía es causada por una variación en el precio de cotización, y se trata de una persona física (natural), a día de hoy no hay consecuencias fiscales. Pero si se trata de una alteración de patrimonio derivada de una venta, por ejemplo, esa operaión sí estaría sujeta a impuesto. Si un ciudadano chileno compra bitcoins, su obligación tributaria se produce no por comprar y guardar sus criptomonedas, sino al momento en que transforma esas criptomonedas en pesos chilenos.

En el caso de los mineros de criptomonedas, en Chile se considera al igual que en España que desarrollan una actividad económica. Es decir, tienen la obligación de declarar el valor de las criptomonedas que reciben por su actividad y pagar los impuestos correspondientes.

Probablemente las autoridades nacionales de cada país muevan ficha al respecto. La ausencia de regulación es generalizada pero existen fórmulas aplicadas en otras sociedades más avanzadas en la criptoeconómía, como por ejemplo Japón, que pueden aportar luces respecto al futuro que espera a la fiscalidad de las monedas virtuales. Si quieres conocer de primera mano, cómo han tratado los japoneses este asunto, cómo están tratando paísese como Estados Unidos o España asuntos como la minería, las ICOs, los airdrops, etc… apúntate ahora a nuestro curso de Fiscalidad de Bitcoin y otras monedas Virtuales.

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