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Criptomonedas e Impuestos en Estados Unidos de América

En 2014, el Internal Revenue Service (IRS por sus siglas en inglés), la Hacienda Federal estadounidense, anunció su criterio de considerar a las criptomonedas como propiedad, en lugar de una divisa, de acuerdo a la legislación fiscal federal. Las autoridades fiscales de algunos Estados han seguido el ejemplo, y la consideración de las monedas virtuales como propiedad también ha calado en algunas leyes fiscales estatales.

De acuerdo a este criterio, la compraventa de criptmonedas y los pagos realizados con ellas pueden estar sujetas al pago de impuestos. Y, teniendo en cuenta que en ese país nació el Bitcoin, y hasta se ha llegado a comprar pizza y café con esta moneda virtual, ese tipo de compras genera un hecho imponible. Pero ¿qué cómo determinar el importe del impuesto, si el Bitcoin cotiza tan alegremente?

Este asunto preocupa a las autoridades norteamericanas, lo que las ha llevado a plantear en el Congreso un proyecto de ley que busca cambiar este tratamiento fiscal para eximir las pequeñas transacciones. Esto afectaría, no sólo las compras y/o pagos de servicios, sino que también abordaría las ganancias en los ingresos brutos del contribuyente a causa de ciertas ventas o intercambios de moneda virtual.

En la actualidad, en Estados Unidos si un inversionista vende una criptomoneda después de mantenerla por más de un año, sus ganancias –según la clasificación del IRS– generalmente serán consideradas como ganancias de capital a largo plazo. Por lo tanto, se le aplicará la tasa impositiva del cero, quince o veinte por ciento, más un 3,8% de recargo en algunos casos, de acuerdo al ingreso total del contribuyente. Las ganancias a corto plazo en las criptomonedas mantenidas hasta un año, generalmente se les aplica la tasa más alta sobre ingresos ordinarios.

Es cierto que las criptomonedas proporcionan un mayor grado de anonimato en comparación con las monedas fiduciarias, pero esto no significa que pasen inadvertidas para el IRS. De hecho, en 2016 el IRS exigió a Coinbase el acceso a todos los registros de las personas residentes en EE. UU. que hubiesen realizado transacciones con criptomonedas entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2015. Tras un año de batallas legales, la plataforma entregó al IRS los datos de las cuentas de más de 14.000 clientes. En enero de 2018, Coinbase envió directamente a sus clientes los formularios 1099-K informándoles que se estaban reportando al IRS los ingresos por transacciones, y recordándoles el deber de pagar los correspondientes impuestos.

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